Decreto 1352 de 2013                                                            Junio 26 de 2013

 

Resumen en 10 puntos lo dispuesto en el Decreto 1352 del 26 de junio de 2013, por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez, y se dictan otras disposiciones.

Business Team

Con el Decreto 1352 de 2013, el el Gobierno Nacional mediante el Ministerio del Trabajo busca optimizar y agilizar los procesos de evaluación por parte de las juntas calificadoras de invalidez, tanto regionales como la junta nacional, reglamentando lo dispuesto en la ley 1562 de 2012.  

 

Entre los puntos más relevantes y de interés general del  decreto se encuentran:

 

  1. Establece el manejo administrativo y financiero de estas entidades que a partir de la expedición del decreto estarán adscritas al Ministerio del Trabajo y tendrán personería jurídica.

 

  1. Define quienes son las partes interesadas, por lo tanto las administradoras de riesgos laborales (ARL), los fondos de pensiones (AFP) y las empresas promotoras de salud (EPS), tendrán la obligación de notificar sus dictámenes entre sí, al calificado y a la empresa, además deberán ajustarse a los tiempos para manifestación de controversia, es decir 10 días hábiles a partir de su notificación.

 

  1. Se establece un nuevo cargo, el de Director Administrativo y Financiero, para acelerar los procesos. Las juntas quedarán conformada por dos médicos, un psicólogo y un terapeuta físico u ocupacional.

 

  1. Define la Comisión técnica de apoyo encargada de asistir cuando sea necesario a los evaluadores a través de conceptos médicos. Todas las juntas deben llevar un directorio de profesionales o entidades interconsultores independientes de las instituciones de seguridad social relacionadas con el caso sobre el cual se va a emitir el dictamen, a quienes se les solicitará la práctica de exámenes complementarios o valoraciones especializadas.

 

  1. No se permitirá la vinculación de ninguno de los miembros de la junta de calificación a instituciones de seguridad social durante su ejercicio en las juntas y hasta dos años después de que se retiren. Esto permitirá  transparencia y objetividad en los procesos evaluativos. La prohibición de laborar en una entidad de seguridad social no aplica para los suplentes.

 

  1. Honorarios. Las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez recibirán de manera anticipada por la solicitud de dictamen, sin importar el número de patologías que se presenten y deban ser evaluadas, el equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente de conformidad con el salario mínimo establecido para el año en que se radique la solicitud, el cual deberá ser cancelado por el solicitante. Entidad que no haga el pago oportuno recibirá sanción.

 

  1. Se definen los requisitos mínimos de los dictámenes y soportes necesarios para proceder con la definición de la controversia, establece los mecanismos y procedimientos para la solicitud de calificación en segunda oportunidad por parte de la junta regional.

 

  1. Se prohíbe realizar y allegar doble calificación ante las Juntas de Calificación de Invalidez. Según el texto normativo ningún expediente debe llegar con doble calificación a las Juntas de Calificación de Invalidez, en caso de encontrar dicha situación, la Junta deberá informarlo a la autoridad competente para que se investigue a la entidad que realizó la segunda calificación y se impongan sanciones por esta anomalía. En el caso de las Administradoras de Riesgos Laborales se informará a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo correspondiente.

 

  1. Se definen las situaciones en que la junta podrá hacer devolución del expediente si se viola el debido proceso o si las solicitudes se encuentran incompletas.  Se define como 1 año el tiempo que debe esperar un interesado para solicitar de nuevo revisión de su caso por un evento laboral y de 3 años cuando se trata de enfermedad común, para lo cual deberá ser calificado en primera oportunidad nuevamente.

 

  1. Se estableció la competencia de las sanciones por parte del Ministerio del Trabajo, la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación sobre las  Juntas de Calificación. Las multas impuestas por la cartera laboral  podrán ser desde 1  hasta 100  salarios mínimos legales vigentes a quienes incumplan con los usuarios. Por último se define en 6 meses el periodo de transición para cumplimiento de esta normatividad.

 

Con este decreto se busca lograr mayor control sobre el proceder de las juntas, agilizar el proceso de calificación con audiencias privadas, más técnicas y objetivas, sin la prescencia de los demás actores procurando mayor objetividad, seriedad y compromiso con los calificados..



 

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